Las autoridades venezolanas han iniciado la liberación de decenas de ciudadanos detenidos durante las protestas tras las elecciones presidenciales de julio. Esta medida, confirmada por diversas ONG y familiares, ocurre en un contexto de intensa presión internacional que demanda transparencia democrática y el respeto a los derechos humanos, mientras el gobierno enfrenta cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados electorales y la gestión de la crisis política.