El gobierno de Venezuela ha formalizado su intención de abandonar de manera definitiva la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida profundiza el distanciamiento del país frente a los mecanismos globales de justicia y derechos humanos. La decisión surge en un contexto de tensiones prolongadas con el tribunal de La Haya, el cual mantiene procesos de investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano durante los últimos años.