El Gobierno de Venezuela ha formalizado su intención de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), alegando una supuesta instrumentalización política del organismo judicial con sede en La Haya. Esta medida surge en medio de las investigaciones en curso sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. El retiro definitivo representa una ruptura histórica con el Estatuto de Roma y el sistema de justicia penal internacional.