El Gobierno de Venezuela, a través de PDVSA, ha desplazado a la empresa local de la familia Cisneros en sus operaciones petroleras para abrir espacio a nuevos socios provenientes de Estados Unidos. Esta reconfiguración estratégica ocurre en un contexto de flexibilización de sanciones, donde el chavismo busca reactivar la producción mediante acuerdos que priorizan a capitales extranjeros sobre actores nacionales que mantenían alianzas previas.