El gobierno de Estados Unidos ha determinado el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. Esta medida migratoria impacta directamente a más de 500,000 personas que residían legalmente bajo este amparo humanitario. La decisión marca un cambio drástico en la política de asilo, obligando a los beneficiarios a regularizar su situación por otras vías o enfrentar procesos de deportación.