Los recientes y devastadores sismos registrados en Venezuela han reavivado el debate internacional sobre la necesidad de rediseñar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para sus ciudadanos. La crisis humanitaria preexistente, ahora agravada por desastres naturales y el colapso de infraestructuras críticas, justifica una extensión de esta medida migratoria para proteger a quienes no pueden retornar con seguridad a un país en emergencia constante.