El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado el cese de funciones de los tribunales especiales de terrorismo, instancias señaladas por organismos internacionales como herramientas de persecución política. La medida implica la redistribución de expedientes a la jurisdicción ordinaria, en un contexto de intensa presión externa y denuncias por violaciones al debido proceso tras las pasadas elecciones presidenciales.