El gobierno venezolano ha iniciado el retiro de los puestos de control policial, conocidos como «alcabalas», que durante más de diez años fueron denunciados como centros de extorsión, vigilancia y represión ciudadana. Esta medida busca reducir las irregularidades en las vías públicas y mejorar la libre movilidad, tras años de críticas de organismos internacionales sobre el uso de estas estructuras para el control social y la violación de derechos fundamentales en el país.