Venezuela enfrenta el desafío estructural de revertir veinte años de militarización en la gestión de seguridad pública y control ciudadano. Expertos coinciden en la necesidad urgente de transitar hacia un modelo civil que priorice los derechos humanos y la profesionalización de los cuerpos policiales. Este proceso es clave para la estabilidad institucional y el restablecimiento del Estado de derecho, rompiendo con la doctrina de defensa interna que ha marcado al país.